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DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE

NOSOTROS, los abajo firmantes, amigos de la comunidad de profesores universitarios agrupados en el Foro Interuniversitario, manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante la actuación concertada entre el Contralor General de la República, la mayoría de integrantes del Consejo Nacional Electoral, el Presidente de la República y la Asamblea Nacional, para impedir la postulación de un gran número de candidatos de la oposición para los cargos de Gobernador de Estado y Alcaldes en las elecciones a realizarse el mes de noviembre próximo.

El Contralor General de la República ha declarado inhabilitados para ejercer funciones públicas a más de cuatrocientas personas, entre las que se encuentran candidatos que tienen la primera opción para ser electos en los comicios regionales y locales y ha aseverado que, por efectos de esos actos, esas personas están impedidas de ser postuladas para dichas elecciones. El supuesto fundamento jurídico aducido por el Contralor, es el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que lo autoriza a inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas, sin que medie ningún procedimiento, como una sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa, declarada por el propio Contralor.

La inhabilitación a que nos referimos existe en la Ley de la Contraloría desde 1975 y, hasta ahora, se había entendido que la norma sólo impide a las personas declaradas responsables para ejercer cargos administrativos, nombrados a discreción de otro funcionario público, durante el tiempo que dure la sanción. Pero en esta ocasión, el Contralor pretende que estas inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas afecten también los derechos políticos de los venezolanos, modificando los criterios administrativos ya establecidos, haciendo caso omiso de la jurisprudencia asentada por nuestro Poder Judicial y, lo que es aún más grave, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestra República.

En efecto, nuestra Constitución vigente se dispone que "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito" (Art. 65). De modo evidente, el impedimento temporal para optar a cargos de elección popular, y que constituye una limitación grave a los derechos políticos de los ciudadanos, sólo puede imponerse mediante una sentencia judicial definitivamente firme en materia penal.

Por tales razones, un acto administrativo del Contralor no puede tener el efecto de una sentencia judicial y no puede, en consecuencia, limitar el derecho de unos ciudadanos a postularse para cargos de elección popular, ni tampoco puede lesionar el derecho de los ciudadanos de votar por los candidatos de su preferencia.

La comunidad universitaria llama a respetar las normas elementales del juego democrático y a aplicar las claras disposiciones de la Constitución vigente que garantizan derechos de los ciudadanos a elegir y a ser elegidos. Es la tarea que hoy corresponde al Tribunal Supremo de Justicia.

Hacemos un llamado a los sectores democráticos del país para que nos acompañen en esta solicitud de preservar la vigencia del orden constitucional que asegura la convivencia pacífica entre los venezolanos y un clima de libertades indispensable para el progreso de la Nación.

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